"Llave en mano": usaban "el sueño de la casa propia" y estafar a decenas de tucumanos

La investigación encabezada por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I de Tucumán,permitió desarticular una compleja red criminal que operaba en la provincia desde 2021. Con la reciente disposición de prisión preventiva por 32 días para tres nuevos imputados —dos hombres de 23 y 48 años y una mujer de 34—, la causa ya suma siete personas detenidas por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas, al tiempo que se formalizó la investigación sobre al menos 14 hechos delictivos atribuidos a la banda. La medida coercitiva, avalada por el juez interviniente ante la existencia de riesgos procesales, alcanza al socio y a dos familiares del principal acusado, señalados como piezas clave dentro del entramado societario y financiero.

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por el Ministerio Público Fiscal, la organización funcionaba bajo el liderazgo articulado de un único ideólogo y jefe, quien diseñaba y dirigía de forma directa las maniobras de captación patrimonial. Para montar una aparente legitimidad corporativa, la banda utilizaba como fachada la firma Contru Servicios junto con otras denominaciones de fantasía. Dentro de este esquema, los socios de la compañía aportaban la logística necesaria para simular una actividad comercial real y dar apariencia de estructura corporativa, mientras que un grupo integrado por familiares y allegados conformaba el engranaje financiero mediante el cual se movilizaban los activos y se sostenía la estructura delictiva.

El modus operandi inicial de la banda estuvo centrado en el sector inmobiliario y de la construcción, ámbito en el cual los acusados aprovechaban el sueño de la casa propia para engañar y robar a sus víctimas. Bajo esta premisa, la organización ofrecía y celebraba falsos contratos de locación de obra para la edificación de viviendas mediante la modalidad llave en mano, al tiempo que comercializaba ilegalmente lotes y terrenos que no eran de su propiedad. A cambio de estas falsas promesas, recibían cuantiosas sumas de dinero en efectivo, además de vehículos y bienes inmuebles. Los miembros de la red realizaban estas captaciones a sabiendas de que los fondos recopilados jamás serían destinados a ejecutar las obras pactadas ni a saldar las obligaciones asumidas, lo que derivó en la paralización total y el abandono de las construcciones iniciadas.

Con el transcurso del tiempo, la estructura criminal diversificó su campo de acción hacia nuevas modalidades de fraude. Por un lado, simularon contar con una sólida solvencia económica para adquirir bienes muebles de elevado valor y volúmenes masivos de materiales de construcción con diversos proveedores. La finalidad real no era financiar desarrollo alguno, sino apoderarse ilícitamente de la mercadería sin abonarla, para posteriormente volcarla al mercado secundario y obtener ganancias en beneficio propio. Por otro lado, la banda desplegó un sofisticado esquema financiero: bajo la excusa de necesitar liquidez momentánea para ejecutar sus supuestos proyectos de edificación, solicitaban a inversores y particulares millonarias entregas de dinero en efectivo. Como contraprestación, emitían decenas de cheques de pago diferido.

Para afianzar el engaño y mantener activo el circuito de recaudación, los primeros cheques emitidos por la empresa eran abonados puntualmente al momento de su vencimiento. Esta aparente responsabilidad generaba una falsa confianza en los damnificados, induciéndolos a realizar nuevas e incrementadas inyecciones de capital. Sin embargo, en la fecha previamente planificada por la cúpula de la organización, se ejecutaba el corte definitivo de la cadena de pagos. A partir de ese momento, los cheques comenzaban a ser rechazados de manera sistemática por falta de fondos o por corresponder a cuentas bancarias cerradas, consumando un desfalco colosal. En un intento por encubrir la maniobra y dilatar las acciones legales, los acusados ofrecían garantías ficticias, mientras que las transacciones sobre los inmuebles terminaban tipificándose como estelionato. Actualmente, los proveedores enfrentan pérdidas irreversibles de insumos y los compradores quedaron despojados de sus ahorros, sin que hasta la fecha ningún integrante de la red haya aportado soluciones ni resarcimiento a los afectados.

Fuente: /ElTucumano